Las disposiciones jurídicas en materia de ruido que estamos obligados a cumplir tanto ciudadanos como autoridades, incluyen las siguientes:

En su Artículo 4° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Dice también que el Estado deberá garantizar el respeto a estos derechos. Estos mandatos los retoma la Constitución de la Ciudad de México.

Para cumplir con lo que establecen estos instrumentos legales se han elaborado y publicado instrumentos normativos que determinan de qué manera se garantizan estos derechos. Distintas leyes, reglamentos, normas y otros instrumentos regulatorios establecen las acciones que rigen el quehacer de la autoridad y la obligación de los ciudadanos.

Para atender los impactos a la salud que genera el ruido, contamos con lineamientos establecidos en leyes y normas.

Los habitantes de la Ciudad de México, contamos con lineamientos específicos para controlar las emisiones contaminantes por ruido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal y en la Norma Ambiental para el Distrito Federal, NADF-005-AMBT-2013 la cual:

"…establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal".